En tu empresa cada área usa la tecnología a su manera, sin políticas unificadas.

No existe un reglamento interno sobre teletrabajo, BYOD (traer tu propio dispositivo) o seguridad digital.

Un incidente de seguridad escaló porque no había protocolos claros ni responsables definidos.

Se toman decisiones digitales importantes sin considerar el marco legal vigente.

No sabes si las herramientas y procesos que usan tus colaboradores cumplen con la ley.

Tu sitio web o aplicación fue señalado por no cumplir con la ley de protección de datos o comercio electrónico.

No sabés si tu software, base de datos o procesos internos cumplen con la normativa vigente.

Un cliente o proveedor te exigió demostrar tu cumplimiento legal y no tenías cómo probarlo.

Recibiste una advertencia o sanción por prácticas digitales que desconocías que eran ilegales.

Tenés procesos internos con tecnología, pero no existen políticas claras ni revisadas jurídicamente.

Tu tienda en línea recibió una queja por incumplir términos de venta o por no informar correctamente al consumidor.

Lanzás una aplicación y no sabés qué política de privacidad o términos de uso deberías tener.

Te enfrentaste a la eliminación de contenido o cuentas por no cumplir con las reglas de la plataforma donde operás.

Usás inteligencia artificial o blockchain y no tenés claro si su uso está regulado.

Te preocupa la responsabilidad legal por lo que publican tus usuarios o colaboradores en la plataforma

Un cliente te pide que elimines sus datos, pero no sabes si tienes la obligación legal de hacerlo.

Sufriste una filtración de información y no sabes cómo reaccionar ni qué reportar.

Tu empresa recopila datos personales, pero no tiene una política de privacidad clara ni actualizada.

Un proveedor externo tiene acceso a datos de tus clientes y no sabes si está cumpliendo con la ley.

Te pidieron firmar electrónicamente un contrato, pero no estabas seguro si era válido o tenía valor legal.

No sabés si la firma electrónica simple que usás es suficiente o deberías tener una avanzada para ciertos trámites.

Te preocupa que tu identidad digital sea utilizada sin tu autorización para suscribir documentos o transacciones.

En tu empresa se usa firma electrónica, pero no existen políticas claras sobre cuándo y cómo aplicarla.

Firmaste un contrato con un proveedor de software y, meses después, descubriste que no incluye soporte ni actualizaciones.

Tenes una aplicación desarrollada, pero no está claro quién es el dueño del código o los datos.

Te llegó un contrato con términos técnicos y legales que no sabes si te convienen… pero igual lo firmaste por urgencia.

No sabes qué pasaría si la relación con tu proveedor termina: ¿te quedarías sin acceso, sin datos o sin sistema?